El 05/02/2020 hicimos una asamblea informativa sobre la convocatoria del gobierno a una "mesa de trabajo" por la crisis de financiamiento de la caja jubilatoria provincial. Contamos con la gentil y destacada participación de Héctor Andrés, miembro de la CD de SEJUN y ex consejero gremial del ISSN, y presentamos un análisis de los datos que el administrador del ISSN (Cdor Néstor Martín) presentó en las dos reuniones mantenidas (acá está el power point).

Aclaraciones importantes:

1. No fuimos invitados, y cuando reclamamos nuestra participación la respuesta fue negativa, porque el Sr Quintriqueo dijo que él se retiraba si participaban sindicatos sin personería
2. Le solicitamos al administrador del ISSN una reunión específica, dado el peso que tienen los aportes de nuestro sector activo y los beneficios de nuestro sector pasivo en la caja previsional provincial. Todavía estamos esperando una respuesta
3. El informe de valuación actuarial del 2016 y las tablas y gráficos que se presentaron en las 2 reuniones nos fueron facilitados por compañerxs de otros sindicatos, con quienes ya habíamos trabajado juntos en el análisis técnico y político de la cuestión en el 2016
4. El gobierno no presentó ninguna propuesta concreta para solucionar el déficit estructural, ni detalló a cuales "jubilaciones de privilegio" hizo referencia el gobernador. Como se ve en los gráficos, aunque se corrijan las situaciones atípicas que puede haber, no son la causa del déficit estructural
5. El problema real son los beneficios que fueron cargados a un sistema de reparto sin aportes que los sustenten, el sistema de retiros policial que se dejó sin sustentabilidad anulando el artículo que obligaba al estado a cubrir el déficit con recursos presupuestarios, y las ley especial para quienes ocupen cargos electivos por un año o más (diputados, concejales, consejeros, vecinalistas), y la ley para magistrados y funcionarios judiciales
6. Los sindicatos que participaron de la mesa anticiparon que no aceptarían cambios en las condiciones para jubilación (edad, antigüedad y años de aporte) ni en los porcentajes de aportes personales. Pero aunque se nieguen a expresarlo, justamente eso es lo que pretende hacer el gobierno
7. Es improbable que el gobierno haya pensado que podría conseguir consenso para hacer eso. Es más probable que busque generar alguna tensión en las posiciones (ej: respecto a la propuesta de ATE de reformar la ley 611, que implica limitar las posibilidades de participar en el consejo directivo a los sindicatos con menos afiliados y a los representantes del sector pasivo, y darle injerencia del sindicato mayoritario en la designación de los directores de las dos cajas). Si eso ocurre, la mesa se desarma y el gobierno se queda con la excusa de hacer lo que quiere, porque los trabajadores no supieron/quisieron/pudieron aprovechar la oportunidad de participar en la solución (podría verse como una perversidad posmoderna, si no fuese uno de los trucos más antiguo desde el invento de la democracia)
8. El contexto nacional indudablemente aumenta el riesgo. El sistema jubilatorio en su conjunto está en la mira desde hace rato y ya sufrió varios intentos de reforma (aumento de edades y de aportes, disminución de las bases y fórmulas de cálculo de los beneficios y de la movilidad). En cuanto el gobierno nacional haga algo de eso, el gobierno provincial se va a sentir absolutamente justificado y respaldado para hacer lo más parecido posible. Sin usar la palabra "armonización" porque sabe que es irritante, pero se puede hacer lo mismo sin ponerle nombres y aprovechando que en materia de legislación "todo el año es carnaval" y es casi tradicional poner hermosas fundamentaciones para enmascarar tenebrosos anexos.
9. Es fundamental entender de que se trata, defenderse de la poderosa maquinaria de confundir. Cuanto más sean los que lo tengan claro, más difícil les va a resultar jodernos (y viceversa)